13 de febrero de 2025 - Tiempo de lectura 4 min

Por Jaime Arteaga

Innovar es costoso. Si para muchas empresas adaptarse a la velocidad del cambio tecnológico supera con creces su capacidad de adaptación, en el caso de las AAPP esto se complica aún más, con las obligadas y necesarias medidas de protección en cuanto a garantías de transparencia e idoneidad del gasto, no siempre visto como inversión, de un dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. 

Por eso, en aspectos como la transformación digital la colaboración entre el sector público y el privado se ha convertido en una necesidad estratégica. Al fin y al cabo, las empresas formamos parte de la sociedad y tenemos que asumir un papel acorde con lo que demandamos como tal. Pues bien, desde mi posición como director del segmento de Administraciones Públicas en Vodafone Business, he podido comprobar de primera mano cómo la unión de esfuerzos entre empresas y administraciones no solo mejora la calidad de los servicios públicos, sino que también impulsa la innovación y el desarrollo económico, sin olvidar los aspectos sociales, medioambientales o la sostenibilidad. 

Los ciudadanos, tú y yo, exigimos servicios más ágiles, eficientes y accesibles. Sin embargo, la transformación digital y la modernización de infraestructuras requieren inversiones significativas y una capacidad de ejecución ágil. Ahí es donde el sector privado aporta su conocimiento, tecnología y experiencia, mientras que la administración pública garantiza que estas innovaciones se alineen con el interés general.

Las empresas somos especialistas en algo, que es aplicar la economía de escala en todo aquello que podamos. Y esa economía de aprovechamiento de recursos se puede trasladar a los ciudadanos con cada proyecto que emprendemos al servicio público. Ejemplos de esta sinergia los encontramos en múltiples sectores, desde la digitalización de trámites administrativos que ha reducido la burocracia y los tiempos de espera, a las smart cities, que están optimizando la movilidad urbana y la gestión de recursos. En el ámbito sanitario, la colaboración en proyectos de telemedicina o teleasistencia ha ampliado el acceso a la atención médica y los cuidados, mientras que el uso de tecnologías como la AI o Internet de las Cosas están ayudando a una gestión sostenible de un recurso público esencial como es el agua, como en el caso de nuestras aportaciones al PERTE (Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, Minteco) dedicado a la digitalización del ciclo del agua o a la descarbonización, en los que hemos participado de forma directa. 

Todos estos ejemplos son posibles gracias a una red 5G o la Fibra que da conectividad a cada rincón del país, algo que dejó de ser una responsabilidad exclusiva del Estado hace mucho tiempo y que solo es posible gracias a la iniciativa privada. Una colaboración que nos sitúa, por cierto, a la cabeza de Europa en ese terreno. En definitiva, se trata de repartir responsabilidades y que cada parte haga lo que mejor sabe hacer.

La colaboración público-privada no solo permite maximizar el uso de los recursos, sino que aporta eficiencia. Modelos como los convenios, las concesiones, las asociaciones estratégicas y los contratos de explotación han demostrado ser herramientas eficaces para llevar adelante proyectos de gran impacto con una gestión optimizada.

No obstante, esta colaboración no está exenta de desafíos. La transparencia es clave para evitar conflictos de interés y garantizar una competencia justa. Es fundamental que los marcos regulatorios sean claros y que existan mecanismos de supervisión que aseguren que las iniciativas público-privadas generan valor real para la ciudadanía. Además, las empresas que colaboramos con el sector público debemos comprender que nuestro papel va más allá de la rentabilidad: debemos contribuir a soluciones sostenibles, inclusivas y accesibles para todos.

El reto no es solo innovar, sino hacerlo de manera estratégica y coordinada. La colaboración entre lo público y lo privado debe evolucionar hacia un modelo más ágil, basado en la confianza mutua y en el compromiso con el bienestar ciudadano. Desde Vodafone Business, tenemos una larga trayectoria plagada de casos de éxito de colaboración con todo tipo de administraciones, desde pequeñas corporaciones locales a la Administración General del Estado, y fruto de esa experiencia creemos firmemente que la innovación debe estar al servicio de la sociedad, y que la mejor manera de lograrlo es trabajando juntos. El futuro de los servicios públicos y la competitividad de nuestras economías dependerán, en gran medida, de nuestra capacidad para construir alianzas sólidas y orientadas a resultados. 

El momento de actuar es ahora, y así lo entiende la propia Comisión Europea con sus programas de financiación como los fondos Next Generation, o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a los que las empresas pueden acceder para crear productos y servicios innovadores. Y en eso estamos.

Jaime Arteaga

Director de Administraciones Públicas Vodafone Business

Jaime Arteaga es un ingeniero de Telecomunicaciones especializado en Señales y Radiocomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Complementó su sólida formación técnica con un MBA Ejecutivo en IESE Business School y un Máster en Dirección de Ventas y Marketing por EAE Business School.

Con más de 16 años en Vodafone, Jaime ha desempeñado roles estratégicos y de liderazgo, destacándose por su capacidad de gestión en grandes proyectos y equipos. Actualmente es Director de Administración Pública, liderando iniciativas clave para impulsar la digitalización y conectividad en el sector público. A lo largo de su carrera, ha dirigido equipos multidisciplinarios, gestionado cuentas estratégicas y diseñado propuestas innovadoras, consolidando su experiencia en ventas, marketing y desarrollo de negocio en el ámbito de las telecomunicaciones.