La transformación digital ha traído consigo una revolución en la gestión de la información, también en el ámbito de las administraciones públicas. La protección de los datos personales de los ciudadanos es una prioridad absoluta, no solo por cuestiones éticas, sino también por el marco legal que impone el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El cumplimiento del RGPD en empresas y organismos públicos es hoy un pilar fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía y la integridad de los servicios públicos.

Pese a las últimas y caudalosas lluvias que se han producido en las últimas semanas en España, el agua sigue siendo un bien escaso que debe ser gestionado de manera eficiente y responsable por las Administraciones Públicas.

A grandes rasgos, la digitalización del ciclo integral del agua es un proceso de transformación tecnológica que busca optimizar la gestión de los recursos hídricos mediante el uso de herramientas avanzadas como sensores IoT, inteligencia artificial (IA), big data y plataformas digitales.

Este enfoque conecta el mundo físico y el digital, y permite a las Administraciones Públicas y a las empresas gestoras del agua supervisar, analizar y tomar decisiones en tiempo real sobre cada etapa del ciclo del agua: captación, tratamiento, distribución, consumo y depuración.

Hacer accesibles a toda la sociedad las ventajas de la digitalización de todo tipo de servicios requiere garantizar la conectividad y su acceso a ella en cualquier lugar, para todos. Eso es lo que puede conseguir la Junta de Andalucía, en colaboración con Vodafone España, al completar con éxito el Plan Vuela, un ambicioso proyecto que ha llevado conectividad WiFi gratuita a más de 3.100 sedes de la administración andaluza. 

La creación de los Fondos Europeos Next Generation fue una de las consecuencias positivas derivadas de la pandemia de Covid-19. Diseñados para mitigar el impacto económico y social provocado por el virus y preparar a Europa para futuros desafíos, estos fondos se han convertido en un elemento esencial para el desarrollo y progreso de diversas empresas y sectores productivos. 

Los ciberataques contra organismos públicos han crecido de forma alarmante. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2023 se gestionaron más de 83.500 incidentes de ciberseguridad, lo que supone un incremento del 24% respecto al año anterior. Además, se detectaron más de 183.000 sistemas vulnerables en España. Esta evolución coincide con las conclusiones del informe del CCN-CERT, que señala un aumento sostenido en los ataques dirigidos al sector público, con especial impacto en administraciones, servicios esenciales y entidades educativas, y más de 50 filtraciones de datos registradas en organizaciones españolas a lo largo del año. 

Paralelamente, la Administración Pública (AAPP) avanza hacia la digitalización a un ritmo acelerado, impulsada por la adopción del teletrabajo, la migración a la nube y la necesidad de ofrecer servicios accesibles en todo momento. Sin embargo, este avance no puede realizarse a costa de comprometer la seguridad. A medida que aumentan los factores de riesgo, garantizar una conectividad segura, flexible y eficiente se ha convertido en un reto prioritario.

Hace poco os hablaba en otro artículo sobre las ventajas de la colaboración público-privada para la gestión de los servicios públicos y cómo de esta forma la innovación de las empresas más tecnológicas llegaba a todos aprovechando recursos. En esta línea quiero ahora profundizar un poco más en lo que en Vodafone Business llamamos Administración Inteligente y que parte del principio de llevar la Transformación Digital a todos los servicios que repercuten en el ciudadano. Con esa filosofía general, la aplicación de cada tecnología disponible debe hacerse además de acuerdo a tres objetivos o pilares que quiero desarrollar un poco más en estas líneas: Seguridad en la Infraestructura, eficiencia en los procesos y, como consecuencia, satisfacción en los ciudadanos. 

Uno de los usos más esperados de la inteligencia artificial era la llegada de los vehículos autónomos que nos trasladen de un lugar a otro como tantas veces hemos visto en la ficción. Mientras que son contados los ejemplos que hoy podemos citar de esos vehículos sin conductor, en el terreno industrial son ya miles los que realizan tareas de logística y almacenaje en todo el mundo. Son robots móviles que unas veces mediante ruedas en superficie y otras por el aire, desplazan todo tipo de mercancías y realizan trabajos en combinación con otros robots o acompañando a humanos. Veamos cuáles son los dos tipos de robots autónomos que ya están trabajando en numerosas industrias. 

Hoy quiero hablaros de la visión que tengo sobre cómo debería ser la colaboración entre las empresas y el sector público. Una visión que es además la que aplicamos en Vodafone desde que se creó la unidad de negocios hace ya 25 años y con la que estamos muy satisfechos.

Uno de los sectores que más está aprovechando las ventajas de tecnologías como 5G o Internet de las Cosas es la logística y el transporte. En este artículo vamos a descifrar algunas de las claves que están redefiniendo la logística del futuro, optimizando la eficiencia operativa, mejorando la trazabilidad y facilitando la automatización de procesos en toda la cadena de suministro. Teniendo en cuenta que cada una de esas mejoras repercute en el medioambiente, la rentabilidad de los negocios y la satisfacción del cliente final, estamos hablando de cambios estructurales que es imposible ignorar. Según datos del ICEX, el sector representa el 4,4% del PIB español, con una cifra de negocio que ronda los 149.000 millones de euros y cerca de un millón de empleos. Otras fuentes elevan la cifra hasta el 6,9% si incluimos todo el sector almacenaje y logístico, o el 10% contando con la industria auxiliar, sector comercial asociado y otros servicios. Esto no hubiera sido posible sin su dinamismo histórico, su capacidad de innovación y su, nunca mejor dicho, espíritu de movilidad. Veamos ahora qué futuro podemos imaginar gracias a las tecnologías, también de movilidad. 

España es uno de los países de la Unión Europea que lidera la expansión y adopción de las redes 5G. La inversión realizada y la apuesta decidida por esta tecnología de operadores como Vodafone han posibilitado que nuestro país se encuentre en la vanguardia en el desarrollo de proyectos basados en el 5G.

Las Administraciones Públicas se encuentran entre los principales beneficiados de que España tenga una amplia cobertura 5G. Y es que, la combinación del 5G con otras tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Edge Computing o la analítica de datos, entre otras, pueden permitir que las administraciones y los organismos públicos mejoren de forma radical la forma en la que prestan los servicios a la ciudadanía, que es el objetivo final de todas ellas.

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de las smart cities o ciudades inteligentes. Aunque el concepto parece reciente, lo cierto es que las smart cities llevan mucho tiempo desarrollándose. Concretamente, desde finales del siglo pasado, cuando con la explosión de Internet, se empezaron a aprovechar las ventajas que proporcionaba la red de redes para optimizar recursos, reducir el impacto ambiental o fomentar un desarrollo sostenible dentro de las grandes ciudades.

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando diversos sectores, y las administraciones públicas no son la excepción. La implementación de IA en la gestión pública promete optimizar la toma de decisiones, mejorar la gestión de recursos y personalizar los servicios públicos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y de privacidad que deben ser abordados con cautela.

Teniendo en cuenta que la IA puede analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones que los humanos podrían pasar por alto y que, probablemente, la administración pública sea uno de los mayores tenedores de datos (tanto de las personas como de otros aspectos, desde carreteras, clima, sanidad o educación), la AA.PP. puede ser una de las grandes beneficiadas de la aplicación de estas tecnologías y, por consiguiente, todos los ciudadanos.

Este análisis puede conllevar una toma de decisiones (también políticas) estratégicas basadas en datos, lo que abre la puerta a una mejor asignación de los recursos, teniendo la confianza, además, de que se van a producir menos errores en la tramitación de expedientes.

El personal laboral podría, de esta manera, abandonar determinadas tareas repetitivas y tediosas para centrarse en asuntos más críticos y de mayor valor añadido.

La nueva Ley de Función Pública, trae consigo no solo mejoras salariales para los funcionarios, sino también importantes cambios en sus dinámicas laborales. Entre las novedades, destacan las evaluaciones de desempeño, la posibilidad de percibir pluses adicionales, así como la introducción de medidas que permiten la degradación e incluso la pérdida del puesto para aquellos que no cumplan con los estándares exigidos. Un giro significativo en el panorama laboral del sector público que promete generar debate y reflexión sobre el futuro de la función pública en nuestro país. ¡Te contamos las novedades!