ES-Alert: el pitido que salva vidas. Todo lo que la administración debe saber sobre el sistema de alertas móviles

Aunque existen numerosas iniciativas para frenar la despoblación en las zonas rurales, pocas tendrán éxito si estos territorios no disponen de una conexión a internet rural de alta velocidad que impulse su revitalización y los convierta en lugares más atractivos para residentes y empresas.

Garantizar internet en zonas rurales no es solo mejorar un servicio, sino asegurar una infraestructura estratégica para la cohesión territorial y el desarrollo económico sostenible.

La digitalización, impulsada por la conectividad y la adopción acelerada de la inteligencia artificial en los procesos urbanos, ha transformado todos los sectores de actividad y ha situado a las Smart Cities o ciudades inteligentes como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico, social y medioambiental. 

Para los actores que participan en este proceso, administraciones públicas, instituciones y empresas que diseñan soluciones para la ciudad, el reto ya no es únicamente tecnológico. Es, sobre todo, un desafío estratégico y de gobernanza: cómo gestionar el activo más valioso de la ciudad —los datos— de forma ética, segura y orientada al bien común. En este contexto, la gobernanza de datos se consolida como el factor clave para generar confianza pública y garantizar la sostenibilidad y la eficiencia de los proyectos urbanos inteligentes. 

La administración pública es uno de los objetivos más prominentes y recurrentes de los ciberataques, por encima incluso de sectores tradicionalmente considerados más vulnerables como la banca o el transporte.

Que estos incidentes afecten a organismos clave implica un riesgo directo para la continuidad de servicios esenciales y para la estabilidad institucional. Esta realidad queda reflejada en el informe “Enisa Threat Landscape 2025” de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (Enisa).

La automatización de los procesos más repetitivos, conocida como RPA por sus siglas en inglés (Robotic Process Automation) representa una oportunidad única para modelos operativos como el de las entidades bancarias, para que puedan liberar recursos, garantizar cumplimientos normativos y mitigar riesgos en operaciones críticas. Pero, seguramente lo más importante es que podría permitir que los equipos humanos se centren en tareas de mayor valor añadido, es decir, las relaciones humanas o la toma de decisiones estratégicas. 

El proceso de transformación digital en las Fuerzas Armadas españolas no es una simple actualización tecnológica, sino que se trata de una revolución estratégica. Hoy no hay sector o aspecto de la sociedad y el mundo en el que vivimos que no esté siendo transformado por la digitalización de los procesos y, en términos de defensa, esto da lugar a un entorno caracterizado por amenazas híbridas, ciberataques y conflictos de alta intensidad. Con este escenario, la defensa nacional ha dejado de depender solo del armamento físico para apoyarse en infraestructuras digitales, redes seguras e inteligencia artificial. Lo estamos viendo en conflictos recientes, en la misma Europa, donde el uso de drones o las comunicaciones vía satélite sobre el terreno físico conviven con ciberataques a instalaciones críticas, interferencias en los sistemas de navegación y desinformación.

Para enfrentarse a esas nuevas amenazas, España ha apostado por una digitalización soberana y por el fortalecimiento de su tejido tecnológico nacional a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa 2025. Con una inversión de más de 10.471 millones de euros, se busca garantizar su autonomía operativa y reforzar sus capacidades en comunicaciones, ciberseguridad y tecnología avanzada, a la altura de sus socios europeos y de la OTAN. Al mismo tiempo, se contempla y pone en valor la implicación de la industria de telecomunicaciones y sus aportaciones a estas capacidades defensivas que, además, tendrán también utilidad en otras aplicaciones de uso civil.

En la España rural, donde la dispersión geográfica y la falta de recursos sanitarios pueden limitar la atención, la telemedicina puede garantizar la equidad.

No se trata solo de dar respuesta a las personas mayores que viven en pequeños pueblos, sino también de ofrecer soluciones accesibles para personas en situación de dependencia y pacientes con patologías crónicas que requieren un seguimiento continuo. La teleconsulta médica y la atención médica online aportan proximidad y confianza cuando los desplazamientos al centro de salud o al hospital suponen un obstáculo real en la vida diaria.

Uno de los sectores que más se está beneficiando de la revolución tecnológica es el sanitario. La tecnología ha posibilitado que, por ejemplo, se desarrolle una vacuna para acabar con una pandemia en tiempo récord, incrementar la esperanza de vida de personas con enfermedades crónicas, acelerar los diagnósticos o prestar una mejor atención a los pacientes.

Las nuevas técnicas también han transformado la atención sanitaria de emergencia con la ambulancia conectada 5G como ejemplo de cómo tecnologías como el IoT o el 5G han permitido acelerar los tiempos de atención a los pacientes antes de que lleguen al hospital.

El mundo en el que vivimos es cada vez más dependiente de la tecnología, por lo que hacer posible que las nuevas generaciones se adapten a esta realidad es una obligación. En este escenario, los sistemas educativos están incorporando nuevas materias con el objetivo de preparar a los estudiantes para afrontar los retos que pueden tener en su etapa de madurez. Entre esas nuevas herramientas, la robótica educativa lleva ya tiempo siendo una de las principales estrellas en materia de educación y no es extraño ver robots educativos en las aulas.

El envejecimiento de la población y el aumento de personas en situación de dependencia representan uno de los grandes retos sociales y sanitarios del siglo XXI, tanto a nivel mundial como nacional. En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 9 millones de personas tienen 65 años o más, y cerca de 1,5 millones están reconocidas con algún grado de dependencia. Esta realidad obliga a las administraciones públicas a buscar soluciones tecnológicas que garanticen la autonomía de las personas mayores y el apoyo y la seguridad de quienes requieren asistencia diaria. La teleasistencia se ha consolidado como una herramienta clave para responder a esta necesidad, permitiendo que estas personas vivan de forma más independiente, segura y conectada, tanto en su hogar como fuera de él.

La transformación digital ha traído consigo una revolución en la gestión de la información, también en el ámbito de las administraciones públicas. La protección de los datos personales de los ciudadanos es una prioridad absoluta, no solo por cuestiones éticas, sino también por el marco legal que impone el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El cumplimiento del RGPD en empresas y organismos públicos es hoy un pilar fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía y la integridad de los servicios públicos.

Pese a las últimas y caudalosas lluvias que se han producido en las últimas semanas en España, el agua sigue siendo un bien escaso que debe ser gestionado de manera eficiente y responsable por las Administraciones Públicas.

A grandes rasgos, la digitalización del ciclo integral del agua es un proceso de transformación tecnológica que busca optimizar la gestión de los recursos hídricos mediante el uso de herramientas avanzadas como sensores IoT, inteligencia artificial (IA), big data y plataformas digitales.

Este enfoque conecta el mundo físico y el digital, y permite a las Administraciones Públicas y a las empresas gestoras del agua supervisar, analizar y tomar decisiones en tiempo real sobre cada etapa del ciclo del agua: captación, tratamiento, distribución, consumo y depuración.

Hacer accesibles a toda la sociedad las ventajas de la digitalización de todo tipo de servicios requiere garantizar la conectividad y su acceso a ella en cualquier lugar, para todos. Eso es lo que puede conseguir la Junta de Andalucía, en colaboración con Vodafone España, al completar con éxito el Plan Vuela, un ambicioso proyecto que ha llevado conectividad WiFi gratuita a más de 3.100 sedes de la administración andaluza. 

Los ciberataques contra organismos públicos han crecido de forma alarmante. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2023 se gestionaron más de 83.500 incidentes de ciberseguridad, lo que supone un incremento del 24% respecto al año anterior. Además, se detectaron más de 183.000 sistemas vulnerables en España. Esta evolución coincide con las conclusiones del informe del CCN-CERT, que señala un aumento sostenido en los ataques dirigidos al sector público, con especial impacto en administraciones, servicios esenciales y entidades educativas, y más de 50 filtraciones de datos registradas en organizaciones españolas a lo largo del año. 

Paralelamente, la Administración Pública (AAPP) avanza hacia la digitalización a un ritmo acelerado, impulsada por la adopción del teletrabajo, la migración a la nube y la necesidad de ofrecer servicios accesibles en todo momento. Sin embargo, este avance no puede realizarse a costa de comprometer la seguridad. A medida que aumentan los factores de riesgo, garantizar una conectividad segura, flexible y eficiente se ha convertido en un reto prioritario.