29 de mayo de 2025 - Tiempo de lectura 5 min
Cumple con el RGPD y protege los datos de tu administración
La transformación digital ha traído consigo una revolución en la gestión de la información, también en el ámbito de las administraciones públicas. La protección de
los datos personales de los ciudadanos es una prioridad absoluta, no solo por cuestiones éticas, sino también por el marco legal que impone el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El cumplimiento del RGPD en empresas y organismos públicos es hoy un pilar fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía y la integridad de los servicios públicos.
¿Qué es RGPD en ciberseguridad?
El RGPD es la normativa europea que regula el tratamiento de los datos personales y la libre circulación de estos datos dentro de la Unión Europea.
En el ámbito de la ciberseguridad, el RGPD obliga a todas las entidades, incluidas las administraciones públicas, a adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que gestionan. Esto implica, entre otras cosas, la realización de análisis de riesgos, la implantación de medidas de seguridad proporcionales al nivel de amenaza y la notificación de incidentes de seguridad que puedan afectar a los derechos y libertades de las personas.
El RGPD exige a las entidades públicas que identifiquen la finalidad y la base jurídica de cada tratamiento de datos, que faciliten procedimientos claros para la obtención del consentimiento y que adapten toda la documentación y procesos a los principios de transparencia y accesibilidad. Además, la normativa establece la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos (DPO), encargado de velar por el cumplimiento y de servir de enlace con la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Por qué es clave cumplir con el RGPD en las administraciones públicas?
Este reglamento tiene como finalidad velar por la protección de los datos de cada persona y establecer niveles de criticidad de dichos datos (no es lo mismo saber el número de pie que calza una persona que su orientación sexual o su condición clínica). Si alguien atesora datos, de carácter personal y altamente sensibles, esas son las administraciones públicas.
El incumplimiento del RGPD puede acarrear sanciones económicas, pérdida de reputación institucional y, lo que es más grave, en la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Adaptarse al RGPD implica un esfuerzo continuo de revisión y mejora de los procesos internos de las instituciones públicas. Deben garantizar que todos los empleados públicos conocen sus obligaciones en materia de protección de datos, que los sistemas informáticos están actualizados y protegidos frente a amenazas y que cualquier proveedor externo también cumple con la normativa europea. El principio de responsabilidad proactiva, recogido en el RGPD, obliga a las administraciones a demostrar en todo momento que se están tomando las medidas adecuadas para proteger los datos personales, anticipándose a los posibles riesgos y minimizando el impacto de cualquier incidente de seguridad.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de obligado cumplimiento para el sector público en España, complementa el RGPD al establecer los principios y requisitos específicos que deben seguir las entidades públicas para proteger adecuadamente los datos y los sistemas de información. La integración de ambos marcos normativos refuerza la protección de la información y ayuda a las administraciones a cumplir con las exigencias legales y sociales de la era digital.
Cómo EDR (Endpoint Detection and Response) mejora el cumplimiento del RGPD en las administraciones públicas
Las soluciones tecnológicas son indispensables para garantizar el cumplimiento del RGPD en empresas y organismos públicos. Entre estas soluciones, el sistema de seguridad EDR (Endpoint Detection and Response) es una herramienta clave para la protección de los datos y la respuesta ante incidentes de seguridad.
A grandes rasgos, podemos decir que el EDR es una tecnología de ciberseguridad que supervisa y monitoriza de forma continua los dispositivos de los usuarios finales (como ordenadores, servidores y móviles) para detectar y responder a ciberamenazas en tiempo real, lo que permite proteger los sistemas de manera efectiva y continua. A diferencia de los antivirus tradicionales, que se centran en la detección de malware conocido, el EDR utiliza inteligencia artificial, machine learning y análisis de comportamiento para identificar patrones sospechosos y anticipar ataques sofisticados, como el ransomware o el robo de datos.
Para las administraciones públicas, la implantación de soluciones EDR supone una mejora significativa en el cumplimiento del RGPD. Por un lado, facilita la detección temprana y la contención de incidentes de seguridad, lo que es fundamental para cumplir con la obligación de notificar las brechas de datos en los plazos establecidos por la normativa. Por otro lado, permite realizar análisis forenses detallados que ayudan a identificar el origen y el alcance de los incidentes, reforzando el principio de responsabilidad proactiva exigido por el RGPD.
La visibilidad y el control que ofrece el EDR sobre todos los dispositivos de la organización permiten a los organismos públicos mantener un registro actualizado de las actividades de tratamiento, identificar posibles vulnerabilidades y demostrar ante la autoridad de control que se están aplicando las medidas de seguridad adecuadas. Así, el EDR no solo protege los datos, sino que también facilita la gestión documental y el cumplimiento normativo en el día a día de la administración.
EDR y cumplimiento normativo: protección adaptada a las administraciones públicas
Para facilitar la adopción de estas herramientas por parte de las administraciones públicas, Vodafone Business ofrece soluciones avanzadas de EDR como parte de su oferta de servicios gestionados de ciberseguridad. Estas soluciones permiten proteger todos los dispositivos conectados, como ordenadores, servidores y entornos en la nube, y combinan tecnologías de detección inteligente con respuesta automatizada, análisis forense y gestión centralizada.
Con este enfoque integral, las entidades públicas pueden hacer frente a los ciberataques más sofisticados y responder a las exigencias del RGPD con garantías. Implementar un sistema EDR no solo refuerza la protección de los datos personales, también facilita la trazabilidad, el control de accesos y la capacidad de reacción ante incidentes, todo ello alineado con el principio de responsabilidad proactiva que exige la normativa.
De esta forma, las administraciones públicas avanzan en su transformación digital con una base sólida de seguridad, confianza y cumplimiento legal.
