31 de julio de 2025 - Tiempo de lectura 4 min
Navegando el Esquema Nacional de Seguridad (ENS): un compromiso con la protección de la información en el sector público
La protección de la información debe ser una prioridad absoluta para las administraciones públicas. A medida que aumentan los procesos y servicios digitalizados que se proporcionan a los ciudadanos, también lo hace la exposición a sufrir ciberataques.
La importancia de proteger la información es vital, como demuestran los últimos datos del
Informe Anual de Seguridad Nacional, que señalan que
el número de ciberataques contra las administraciones públicas está creciendo de forma paulatina. En concreto,
el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) tuvo que hacer frente a 177.098 incidentes el pasado año. La protección de la información no solo implica defenderse de ataques externos, sino también
establecer protocolos internos robustos que minimicen riesgos y garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. En este contexto, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una pieza fundamental, de obligado cumplimiento, para que las administraciones tengan una eficiente protección de datos.
La ciberseguridad en el sector público: un deber ineludible
Las administraciones públicas gestionan volúmenes ingentes de información sensible, por lo que sufrir un ciberataque exitoso compromete la privacidad y los derechos fundamentales de los individuos, y puede desestabilizar servicios esenciales e incluso afectar a la seguridad nacional.
Por tanto, la protección de la información se convierte en un pilar fundamental para la gobernanza y una garantía de la continuidad y fiabilidad de los servicios públicos. La inversión en ciberseguridad es estratégica, ya que permite garantizar la integridad de los organismos que conforman el Estado. Esa inversión no solo consiste en implementar las - últimas soluciones tecnológicas, sino también en capacitar y formar a los empleados públicos y establecer protocolos de respuesta ante incidentes.
¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y a quién afecta?
Se trata del principal instrumento normativo que regula la protección de la información en las administraciones públicas españolas. Su objetivo es garantizar que los servicios digitales prestados a la ciudadanía sean seguros, fiables y accesibles, estableciendo un conjunto de medidas, controles y procedimientos que todas las entidades del sector público deben implementar para gestionar los riesgos asociados a la información que manejan. El ENS afecta a todas las administraciones públicas, desde los ministerios y organismos estatales hasta las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y los entes públicos de cualquier nivel. También afecta a aquellas empresas privadas que presten servicios o soluciones a las administraciones públicas y que manejen información sujeta al ENS.
La clave en la protección de la información es que el ENS no es un conjunto de herramientas específicas, sino un modelo de gestión de la seguridad que se basa en la aplicación de una serie de medidas organizativas, técnicas y operacionales. Es decir, el Esquema Nacional de Seguridad actúa como una guía de referencia para asegurar que todas las entidades públicas abordan la ciberseguridad no solo basándose en la adopción de soluciones, sino también fomentando la implantación de una cultura de la ciberseguridad en todas las administraciones públicas.
Los pilares del ENS: garantizando la protección de la información
El ENS se sustenta sobre una serie de principios que garantizan la protección de la información y la seguridad de los sistemas. Uno de estos principios es la obligatoriedad de realizar análisis de riesgos periódicos, que permiten a los organismos públicos identificar, evaluar y priorizar las ciberamenazas a las que están expuestos. El ENS establece que este proceso sea continuo para que las administraciones públicas puedan afrontar las nuevas ciberamenazas que puedan surgir.
Asimismo, el Esquema Nacional de Seguridad establece la obligación de implementar controles de seguridad específicos, como el cifrado de la información sensible, la autenticación multifactorial para el acceso a los sistemas y la gestión de identidades y accesos para controlar los permisos de los usuarios. Además, exige la realización de auditorías periódicas que verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad y detecten posibles vulnerabilidades.
Protección de datos personales bajo el marco del Esquema Nacional de Seguridad
La protección de datos personales es uno de los aspectos más sensibles y regulados dentro del Esquema Nacional de Seguridad. El ENS exige que la información de los ciudadanos esté protegida tanto desde el punto de vista técnico como organizativo. De esta manera las administraciones públicas tienen que implementar medidas específicas para garantizar la protección de la información.
Estas medidas pasan por adoptar políticas de seguridad claras, formar de manera continua a los empleados públicos en materia de privacidad y seguridad e implementar controles técnicos avanzados para prevenir accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de la información. Además, el ENS obliga a las administraciones a informar a los ciudadanos sobre cómo se gestionan y protegen sus datos.
El camino hacia la certificación ENS: Fases y requisitos clave
La certificación ENS es el proceso por el que una administración pública demuestra que cumple con los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad. La certificación ENS que ofrece Vodafone Empresas valida la madurez y la eficacia de su sistema de ciberseguridad y es un proceso riguroso que consta de varias fases que garantizan la adecuada implementación de las medidas de seguridad y la gestión de los riesgos asociados. Estos apartados incluyen el análisis y categorización de los sistemas de la información de la entidad pública, la aprobación de la política de seguridad, la asignación de roles, el análisis de riesgos, y la declaración de aplicabilidad de medidas y su implantación.
En resumen, el ENS garantiza la protección de la información y de los datos que están en poder del sector público. Su cumplimiento es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos, garantizar la continuidad de los servicios digitales y proteger la seguridad nacional frente a las ciberamenazas.