20 de noviembre de 2025 - Tiempo de lectura 7 min
¿Qué leyes de ciberseguridad afectan a tu empresa?
Con el avance de la digitalización, las empresas son más susceptibles de sufrir ciberataques o ciberamenazas. Para hacer frente a esta situación, las compañías están implementando diferentes estrategias de ciberseguridad para proteger sus activos y garantizar la continuidad del negocio. Paralelamente, se han ido creando distintas leyes de ciberseguridad con el objetivo de proteger no solo los datos personales, sino también la resiliencia operativa, la integridad de las infraestructuras críticas y la seguridad de los productos tecnológicos. Veamos cuáles son las principales leyes de ciberseguridad:
El pilar indiscutible: RGPD y LOPDGDD (Ley de la protección de datos personales)
Las leyes de ciberseguridad se sustentan en la ley de protección de datos europea, la popularmente conocida como ley de la protección de datos o RGPD, y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) que es la adaptación española del RGPD.
En esencia, ambas normativas afectan a las empresas que manejan cualquier tipo de información personal, ya sean datos de clientes (nombres, correos, información de pago) o de empleados (nóminas, historiales médicos, datos de contacto). En resumen, prácticamente todas las empresas deben cumplir con esta norma ya que todas ellas manejan datos personales.
En términos generales, el RGPD establece un marco uniforme y exigente para el tratamiento de los datos personales. En vigor desde mayo de 2018 su objetivo es que las personas tengan un mayor control sobre los datos personales que tienen las empresas y obligarlas a que adopten medidas de protección adecuadas.
Por su parte, la ley de protección de datos LOPDGDD, es la adaptación del RGPD a la legislación nacional e introduce disposiciones adicionales como la protección reforzada de los menores, nuevas sanciones y obligaciones para los responsables del tratamiento de los datos personales.
La nueva regulación de resiliencia: Directiva NIS2
La Directiva NIS2 supone dar un salto cualitativo en la protección de las redes y sistemas de información en Europa. Esta normativa europea tiene como propósito incrementar el nivel de ciberresiliencia y la capacidad de respuesta a incidentes de las empresas que operan en sectores estratégicos.
Esta normativa considera esenciales a las empresas del sector de la energía, el transporte, la sanidad y el agua. Además, su ámbito de aplicación se extiende a otros sectores considerados importantes, como los servicios digitales, la gestión de residuos y los proveedores de TI, incorporando a muchas medianas y grandes empresas digitales dentro de su aplicación.
La directiva NIS2 obliga a todas las empresas afectadas a implantar sistemas avanzados de gestión de riesgos, aplicar medidas técnicas de seguridad en los sistemas de información y notificar rápidamente cualquier incidente grave a las autoridades competentes, normalmente en menos de 24 horas. En España, el plazo para la transposición al derecho interno expiraba el 17 de octubre de 2024.
Una de las novedades de la directiva NIS2 es que el consejo de dirección de la empresa debe asumir una responsabilidad activa en el cumplimiento de todas estas medidas, y se exige coordinación internacional y supervisión de la cadena de suministro, que afecta tanto a operadores principales como a proveedores. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas de alto impacto e incluso la pérdida de contratos públicos, con una severidad equiparable a la de las multas previstas en las regulaciones de protección de datos.
Seguridad en infraestructuras críticas y servicios esenciales (RDL 12/2018)
Entre las leyes de ciberseguridad también tiene especial relevancia el RDL 12/2018, que transpone al ordenamiento español la primera Directiva NIS sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Esta norma afecta a los operadores de infraestructuras críticas, es decir, a aquellas empresas cuya actividad resulta imprescindible para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Según este real decreto-ley, estas empresas tienen que cumplir con un marco de seguridad rígido establecido por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su categoría media o alta. Esto implica tres obligaciones fundamentales:
- La identificación de sistemas críticos, que consiste en determinar las redes y sistemas esenciales para la prestación de sus servicios.
- La adopción de medidas de seguridad, aplicando políticas específicas, análisis de riesgos y medidas técnicas y organizativas conforme a los requisitos del ENS.
- La gestión y notificación de incidentes, lo que requiere establecer procedimientos claros para manejar cualquier incidente y reportarlo al Centro Criptológico Nacional (CCN) o a la autoridad competente correspondiente.
En términos generales, el objetivo de este marco es reforzar la protección de los servicios esenciales y garantizar la continuidad de las operaciones en caso de amenaza o ataque.
Estándares de diseño obligatorios: la futura Ley de Ciberresiliencia (CRA)
Dentro de las leyes de ciberseguridad una de las últimas en entrar en vigor es el Reglamento CRA, también conocido como Ley de ciberresiliencia, aunque no será aplicable de forma general hasta el 11 de diciembre de 2027.
A diferencia de la NIS2 (que se centra en la resiliencia operativa de las empresas) y del RGPD (que protege los datos), la CRA se centra en la seguridad inherente a los productos digitales como routers, cámaras de seguridad, sistemas de domótica o dispositivos IoT que se comercializan en el mercado europeo. Esta norma afecta tanto a los fabricantes como a importadores y vendedores de estos dispositivos.
Su finalidad es cerrar la brecha de seguridad del hardware y el software de consumo y profesional, estableciendo la obligación de que todo producto digital que se comercialice en la UE integre controles de seguridad desde el diseño (security by design). También es obligatorio realizar evaluaciones de riesgo antes de lanzar productos al mercado, notificar las vulnerabilidades detectadas y actualizar rápidamente el software.
El Reglamento CRA se aprobó en 2024 y establece un periodo transitorio de tres años para que las empresas adapten sus productos y procesos, antes de su plena aplicación en diciembre de 2027.
La Ley de ciberresiliencia también exige que los productos incorporen un etiquetado de ciberseguridad y una declaración de conformidad que demuestre el cumplimiento de los requisitos para que los consumidores tengan información precisa y actualizada sobre las características de seguridad de los productos.
Requisitos específicos por sector: DORA (Financiero) y PCI DSS (Pagos con tarjeta)
Además de todas estas leyes de ciberseguridad existen otras regulaciones sectoriales que establecen requisitos de ciberseguridad adicionales y obligatorios para industrias concretas. Las más importantes son la norma DORA y el estándar PCI DSS. ¿En qué consisten?
- DORA (Digital Operational Resilience Act) es una norma aplicable al sector financiero que entró en vigor el 17 de enero de 2025. Su objetivo es garantizar que las entidades financieras puedan resistir, responder y recuperarse de los incidentes digitales que afecten a sus operaciones.
Esta regulación exige la implantación de sistemas de gestión de riesgos digitales, la realización de pruebas periódicas de resiliencia operativa, y la notificación estricta de incidentes a las autoridades competentes.
Además, DORA refuerza el control sobre proveedores críticos y establece la supervisión externa de la ciberseguridad operativa, con el fin de fortalecer la estabilidad y la confianza en el sistema financiero europeo.
- PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) es un estándar internacional que afecta a cualquier empresa que procese, almacene o transmita datos de tarjetas bancarias. Es decir, comercios, TPVs, procesadores de pago y tiendas de e-commerce, que deben cumplir con sus requisitos para garantizar la protección de la información de los titulares de las tarjetas. Este estándar establece medidas técnicas y de gestión como la segmentación de redes, el cifrado de datos, el control de accesos y la realización de ejercicios de pentesting periódicos para evaluar la seguridad de los sistemas.
En conjunto, PCI DSS busca reducir el riesgo de fraude y reforzar la confianza de los consumidores en las transacciones electrónicas.
Toda esta combinación de normas y legislaciones evidencia la importancia que tiene la ciberseguridad en las empresas. Por este motivo, cualquier empresa debe realizar un análisis de impacto regulatorio que le permita identificar qué normativas le son aplicables y qué requisitos técnicos y organizativos debe implementar para garantizar su cumplimiento.
En definitiva, cumplir con la normativa y reforzar la seguridad digital son acciones complementarias que fortalecen la confianza, la continuidad y la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más conectado.