La Administración pública municipal tiene externalizados algunos servicios esenciales. Así, el mantenimiento informático, la recaudación tributaria, el padrón o los portales de trámites ciudadanos dependen con frecuencia de proveedores externos. Sin embargo, la externalización de un servicio no exime a la entidad pública de sus responsabilidades en materia de ciberseguridad y protección de datos. Las administraciones deben garantizar que la información de los ciudadanos esté protegida, incluso cuando su gestión depende de terceros. Una brecha de seguridad en los sistemas de una empresa adjudicataria puede tener consecuencias directas para la institución, desde posibles sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hasta la pérdida de confianza en los ciudadanos. Por ello, reforzar la ciberseguridad en la contratación pública resulta imprescindible.
