
Interconexión de sedes públicas: requisitos de ancho de banda para el expediente electrónico
España destaca como uno de los países líderes en digitalización y administración pública electrónica, y según el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI de la ONU) ocupa el puesto número 17 a nivel global (de 193 países analizados), situándose dentro del grupo de muy alto desarrollo. Este avance ha sido posible, entre otros factores, gracias a la madurez de sus infraestructuras de telecomunicaciones y al despliegue de redes de fibra óptica y 5G. Sin embargo, mantener este nivel de digitalización exige garantizar que la conectividad de las Administraciones Públicas evolucione al mismo ritmo que sus servicios digitales. La transformación digital de las Administraciones Públicas no termina con la implantación de una plataforma de gestión documental o de firma electrónica. Para que funcione, todos los servicios deben estar conectados de forma segura, estable y continua, desde cualquier dependencia administrativa, incluidas las oficinas remotas y los puestos de trabajo en movilidad. Y esto exige una infraestructura de telecomunicaciones capaz de soportar el creciente volumen de información que circula entre sedes, sin comprometer el rendimiento de las aplicaciones ni la continuidad de los servicios públicos. Esta transformación responde, además, a un marco normativo concreto. Las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establecieron las bases para avanzar hacia una Administración electrónica y reducir la dependencia del papel. Pero digitalizar los procedimientos también multiplica las comunicaciones entre edificios, organismos, aplicaciones y centros de datos. Y una conectividad insuficiente puede convertir el expediente electrónico en un nuevo cuello de botella administrativo.





