18 de diciembre de 2025 - Tiempo de lectura 5 min
¿Qué leyes de ciberseguridad afectan a tu pyme?
Los ciberataques están a la orden del día y suponen una amenaza constante y en aumento. Según
datos del Centro Criptológico Nacional, en la última década el número de incidentes se ha incrementado un 1.384,7%), lo que supone un peligro para la continuidad operativa y reputación de cualquier empresa, incluidas las pequeñas y medianas.
De hecho, en España, las leyes de ciberseguridad imponen responsabilidades legales que van más allá de la mera recomendación,
obligando a ciertas empresas a adoptar medidas concretas para proteger sus redes y sistemas de información. Un buen ejemplo es el
Real Decreto-ley 12/2018.
Las leyes de ciberseguridad en España que tu pyme no puede ignorar
El Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, aborda la seguridad de las redes y sistemas de información, configurando el marco legal principal que regula la ciberseguridad en España.
Esta normativa, inspirada en la Directiva europea NIS, afecta principalmente a los operadores de servicios esenciales (energía, transporte y salud), pero también afecta a los proveedores de servicios digitales, como mercados en línea, motores de búsqueda y servicios de computación en la nube. En este segundo grupo, la ley solo excluye a las microempresas, por lo que cualquier pyme que supere este umbral y preste uno de estos servicios entrará directamente en el ámbito de aplicación.
Por ejemplo, una empresa que opere un marketplace propio, una pyme tecnológica que ofrezca servicios cloud o una plataforma que actúe como buscador especializado sí estaría incluida. En cambio, una tienda online que solo vende sus propios productos no se considera proveedor de servicios digitales a efectos del Real Decreto-ley.
Además, la Directiva NIS2, que España deberá transponer en los próximos meses, ampliará aún más el ámbito de aplicación y las obligaciones, por lo que es fundamental que las organizaciones se preparen de forma proactiva.
Una pyme debe determinar rápidamente si se encuentra dentro de este ámbito evaluando su actividad principal y su tamaño. Si supera los umbrales de personal o facturación establecidos para las microempresas y presta uno de esos servicios digitales, la ley le exige el cumplimiento inmediato. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas de hasta un millón de euros, que pueden verse incrementadas en caso de reincidencia o de impacto en un gran número de usuarios.
Evidentemente, estas cifras pueden alarmar a cualquier empresa. La buena noticia es que hay soluciones de ciberseguridad adaptadas a las necesidades reales de las pymes, que incluyen herramientas para identificar vulnerabilidades específicas, como las que ofrece Vodafone Empresas.
Las 3 obligaciones clave que afectan a los proveedores de servicios digitales pyme
Los proveedores de servicios digitales pyme sujetos al Real Decreto-ley 12/2018 deben hacer frente a tres exigencias legales fundamentales que estructuran su responsabilidad en materia de ciberseguridad.
- Comunicar su actividad a la autoridad competente, el Ministerio de Transformación Digital, en el plazo de tres meses desde el inicio de su actividad, mediante un formulario electrónico habilitado para tal fin. Esta notificación permite a las autoridades mantener un registro actualizado y coordinar respuestas ante amenazas.
- Adoptar medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo, basadas en un análisis previo que identifique vulnerabilidades reales. Aunque estas medidas pueden externalizarse, la responsabilidad última recae en la empresa.
- Notificar incidentes de seguridad significativos al CSIRT correspondiente (como INCIBE-CERT). La ley define qué se considera “significativo” atendiendo a criterios como usuarios afectados, duración o impacto operativo.
Para poder cumplir con estas tres premisas, es fundamental contar con servicios que monitoricen amenazas 24/7 y automaticen la detección y notificación de incidentes.
Lo que debes comunicar y las medidas que debes adoptar según la ley española
A la hora de comunicar tu actividad, se debe detallar la naturaleza del servicio digital prestado, así como los datos de contacto y descripción básica de las redes empleadas. Esta comunicación se puede realizar de forma telemática para agilizar el proceso.
Una vez registrada, la pyme inicia el ciclo de cumplimiento continuo, con revisiones periódicas en caso de que se produzcan cambios relevantes en su actividad. El artículo 16 del Real Decreto-ley detalla las medidas de seguridad, centradas en la protección de los sistemas e instalaciones mediante cifrado y controles de acceso, así como en la gestión de incidentes con planes de respuesta rápida.
La supervisión y las auditorías internas complementan estas acciones, junto con las pruebas de penetración y cumplimiento de estándares internacionales como el Esquema Nacional de Seguridad. El ENS, aunque es principalmente obligatorio para los proveedores del sector público, sirve de referencia para que cualquier pyme adopte buenas prácticas.
Una correcta gestión de la continuidad del negocio garantiza que, ante un fallo, las operaciones se recuperen sin interrupciones prolongadas. En este sentido, Vodafone Empresas ofrece plataformas que cubren estos requisitos, como firewalls avanzados y formación para empleados, adaptadas al modelo híbrido de trabajo habitual en las pymes.
Por qué toda pyme debe definir un Plan de Seguridad (aunque la ley no la obligue)
Incluso si una pyme queda fuera del ámbito estricto de aplicación del Real Decreto-ley 12/2018, elaborar un Plan de Seguridad interna se convierte en una prioridad estratégica para mitigar riesgos inherentes al entorno digital.
No en vano, el factor humano sigue siendo el principal responsable de la mayoría de los incidentes, ya sea por hacer clic en enlaces de phishing o por utilizar contraseñas débiles. Estos errores pueden exponer datos sensibles, paralizar operaciones e incluso dejar a la empresa indefensa ante un ataque de ransomware.
Un plan estructurado de seguridad comienza con un análisis exhaustivo de riesgos, en el que se identifican los activos críticos y las vulnerabilidades específicas de la empresa. Además, este documento debe establecer políticas claras sobre la gestión de contraseñas robustas, la autenticación multifactor, la realización de backups regulares en entornos cifrados y el control estricto del uso de dispositivos personales en entornos laborales.
La formación continua del equipo refuerza estas medidas, convirtiendo a los empleados en aliados proactivos contra amenazas. Vodafone Empresas facilita la implementación de estos planes con soluciones integrales que incluyen auditorías preventivas y soporte experto, protegiendo la red y los datos sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.
Así pues, las leyes de ciberseguridad, como el Real Decreto-ley 12/2018, establecen un umbral mínimo que ciertas pymes deben superar, pero la protección integral beneficia a todas. Adoptar medidas proactivas no solo evita sanciones, sino que fortalece la resiliencia empresarial ante un panorama de amenazas en constante evolución.