La relación entre crecimiento económico y seguridad ha cambiado de forma profunda en los últimos años. La digitalización de los procesos industriales, la dependencia de la conectividad y la necesidad de proteger servicios esenciales han situado la seguridad nacional en el centro de la estrategia económica de los países. Lo que tradicionalmente se entendía como una responsabilidad exclusiva del Estado, vinculada a la defensa y al gasto público, se ha convertido también en una prioridad para el sector privado. La protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad y la resiliencia de las comunicaciones son hoy condiciones necesarias para garantizar la continuidad de sectores clave como la energía, la banca, el transporte, la industria o las telecomunicaciones. Con la proliferación de amenazas híbridas y el aumento de la dependencia tecnológica, la seguridad nacional se posiciona como una de las grandes palancas de competitividad para las próximas décadas. La inversión en capacidades digitales, industriales y operativas ya no solo responde a objetivos defensivos: también impulsa la innovación, genera empleo cualificado y acelera la modernización del tejido productivo.