Espacio de transformación digital para empresas

Aprovechando el Día de Internet Seguro, conviene detenerse un momento y mirar con honestidad hacia dentro de la empresa.

Los ciberataques son cada vez más sofisticados y utilizan desde la inteligencia artificial hasta los pequeños fallos de configuración, convirtiendo a las pymes en un blanco preferente. No por su tamaño, sino por la falsa sensación de seguridad que suele acompañarlas y por la falta de visibilidad real sobre sus activos.

Resulta tentador pensar que las ciberamenazas solo afectan a grandes corporaciones, pero la realidad es que afectan a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño. Un solo incidente puede paralizar completamente la actividad de una pequeña empresa, poner en riesgo su reputación y comprometer su viabilidad económica. Evaluar la verdadera madurez digital del negocio implica hacerse preguntas incómodas, pero necesarias, que pueden marcar la diferencia entre anticiparse a un ataque o enfrentarse a una crisis.

Ser autónomo o emprendedor supone todo un reto. No sólo por los avatares a los que hay que enfrentarse en el día a día, sino también por la gestión financiera. Conocer las reducciones, ayudas y bonificaciones para autónomos de 2026 supone aprovechar los beneficios fiscales y reducir de forma notable los gastos.

Cada vez menos clientes llevan dinero en efectivo, y quienes lo hacen lo usan de forma ocasional. Los hábitos de pago han evolucionado hacia la inmediatez: el gesto de sacar una tarjeta o acercar el móvil se ha convertido en la acción cotidiana de cualquier compra, sea grande o pequeña. Desde una cafetería hasta una tienda de barrio, todos los negocios necesitan ofrecer opciones de pago con tarjeta o con el teléfono. 

Adoptar un sistema moderno de cobro no solo responde a una demanda del cliente, sino que también mejora la gestión del negocio, reduce errores y proyecta una imagen profesional. Sin embargo, surge una pregunta frecuente: ¿es lo mismo un TPV que un datáfono? 

El apagado de la telefonía móvil 3G en España ya es una realidad progresiva y coloca a muchas empresas ante un riesgo real del que no se habla mucho: quedarse sin conectividad. Más allá de los móviles antiguos, el fin del 3G afecta directamente a infraestructuras críticas que sostienen la operativa diaria de muchos negocios.

Si tu negocio es de los que aún confía en routers, módems o dispositivos IoT que solo funcionan en 3G, ha llegado el momento de planificar el salto a 4G y 5G para no quedarte sin actividad.

Toda empresa persigue mejorar su eficiencia operativa y para ello, apoya buena parte de sus operaciones en sistemas ERP y CRM. Ambas aplicaciones han permitido optimizar procesos clave y mejorar la productividad, pero la firma de documentos sigue suponiendo un cuello de botella en muchas ocasiones.

Integrar la firma digital en estos sistemas de gestión supone un paso un paso decisivo hacia la automatización de los flujos de trabajo, por lo que es fundamental saber cómo implementarla y hacerlo con todas las garantías de seguridad y cumplimiento normativo.

La ciberseguridad es uno de los pilares sobre los que deben sustentarse las estrategias de cualquier empresa. La principal diferencia con respecto a otras épocas es que, en la actualidad, no basta con sufrir incidentes de seguridad, sino que es necesario demostrar, de forma objetiva y documentada, que la empresa hace todo lo posible para proteger sus activos y datos críticos.

Hoy, las entidades reguladoras, los partners y los clientes no solo esperan medidas de protección, sino que exigen evidencias de que los datos con los que trabajan las empresas están protegidos. Es en este punto donde las auditorías de ciberseguridad se convierten en un instrumento clave para acreditar el cumplimiento normativo.

España lleva tiempo dando pasos para que las empresas modernicen la forma en la que emiten las facturas. Aunque puede parecer una complicación añadida, sobre todo para pequeños negocios y autónomos, lo cierto es que el objetivo que se persigue es el de simplificar y agilizar la gestión de las finanzas de una empresa. Pero, como toda novedad o avance, la nueva normativa genera dudas. por lo que es importante conocer cuáles son los requisitos de la factura electrónica. Esto es lo que intentaremos resolver en las siguientes líneas.

La llegada de la inteligencia artificial suele generar una preocupación inmediata en las empresas: ¿va a eliminar puestos de trabajo? En muchas pymes, este temor es comprensible. Tras años de procesos de digitalización, la irrupción de la IA generativa, como Microsoft Copilot, ha activado una alerta sobre cómo afectará a las funciones diarias de los empleados.

Sin embargo, herramientas como Microsoft Copilot no llegan para sustituir a los empleados, sino para eliminar el trabajo tedioso y repetitivo, redefiniendo la forma en la que se entiende la productividad y la colaboración. 

IA Copilot actúa como un asistente inteligente que asume las tareas más mecánicas y de bajo valor, liberando tiempo para que los equipos puedan centrarse en actividades estratégicas, creativas y de mayor impacto. En lugar de reducir el papel de las personas, lo amplía. Las decisiones, el contexto y la empatía siguen siendo capacidades humanas clave, ahora reforzadas por una herramienta capaz de acelerar los procesos y ofrecer información relevante en tiempo real. Así, la inteligencia artificial deja de percibirse como un riesgo para convertirse en una aliada. 

Se prevé que en algún momento entre 2026 y 2027 entre en vigor la nueva regulación del control horario que obligará a todas las empresas a que el registro de la jornada deje de ser sólo un trámite formal para pasar a convertirse en un sistema digital, trazable y a prueba de manipulaciones, con un régimen sancionador mucho más estricto. 

El registro horario es obligatorio desde 2019, pero la experiencia de estos seis años ha demostrado que los sistemas analógicos o poco sofisticados que se utilizan para el control de horas trabajadas son vulnerables al fraude y a la manipulación. Para paliar este problema, el Gobierno ha decidido modificar la legislación de tal forma que ya no sea suficiente apuntar las horas trabajadas, sino que, ahora, el enfoque se centra en la transparencia tecnológica y la fiabilidad del dato, facilitando una mayor capacidad de supervisión por parte de la Inspección de Trabajo, que podrá acceder a la información de forma inmediata y objetiva. 

Los ciberataques están a la orden del día y suponen una amenaza constante y en aumento. Según datos del Centro Criptológico Nacional, en la última década el número de incidentes se ha incrementado un 1.384,7%), lo que supone un peligro para la continuidad operativa y reputación de cualquier empresa, incluidas las pequeñas y medianas.

De hecho, en España, las leyes de ciberseguridad imponen responsabilidades legales que van más allá de la mera recomendación, obligando a ciertas empresas a adoptar medidas concretas para proteger sus redes y sistemas de información. Un buen ejemplo es el Real Decreto-ley 12/2018.

Actualmente, en muchas pymes, la informática sigue funcionando con la lógica de otra época: comprar servidores, licencias y equipos dimensionados para el peor escenario posible, aunque la mayor parte del año esa capacidad permanezca casi intacta.

Esta forma de invertir no es solo cosa del pasado, sino que genera un gasto silencioso que no aporta valor al negocio y que compite directamente con otras prioridades, como la captación de clientes o la mejora de los productos.

Y es cosa del pasado porque la irrupción del cloud computing (o informática en la nube) plantea un cambio profundo en este escenario al ofrecer un modelo donde la empresa paga solo por los recursos que necesita y puede ampliarlos o reducirlos en función de sus picos de actividad y de sus necesidades reales.

La Agencia Tributaria lleva tiempo incorporando nuevos sistemas y aplicaciones para avanzar hacia una fiscalidad más transparente y automatizada. En el caso de las operaciones empresariales, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda busca tener una trazabilidad total de las operaciones empresariales mediante sistemas de facturación certificados.

Entre otras medidas, el Real Decreto 1007/2023, exige que las empresas incorporen un código QR en todas sus facturas electrónicas. Para ello, se debe emplear el sistema de facturación denominado VeriFactu. Esta medida forma parte de la estrategia antifraude de la AEAT, cuyo objetivo es erradicar cualquier tipo de software de doble uso y garantizar un control fiscal uniforme en todos los sectores.

Estas facturas con QR garantizan la autenticidad de las facturas y son una garantía de control fiscal. La medida afecta a todas las empresas y profesionales, aunque son las pymes quienes deberán realizar mayores ajustes tecnológicos. La fecha límite para incorporar el código QR VeriFactu era el 1 de enero de 2026, pero el pasado 2 de diciembre el Gobierno anunció una prórroga de un año, hasta el 1 de enero de 2027, para cumplir con esta obligación. No obstante, este aplazamiento no debe interpretarse como un respiro para retrasar la adaptación, sino como una oportunidad para adelantarse y evitar prisas en el último momento.

No cabe ninguna duda de que la creciente digitalización de las empresas ha potenciado la eficiencia, la conectividad y la expansión de mercados. Sin embargo, esta transformación también ha abierto la puerta a una amenaza constante: el fraude digital.

Por este motivo, los ataques dirigidos a vulnerar los sistemas empresariales han hecho que la ciberseguridad sea una prioridad estratégica que requiere una atención permanente junto con soluciones adaptables a cada necesidad concreta.

La actualización de la definición de pyme llega en un momento especialmente sensible para las empresas, ya que en los últimos años han visto cómo la inflación incrementaba sus cifras de facturación sin que ello reflejara necesariamente un crecimiento real de su actividad. En este contexto, el pasado 4 de noviembre, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que actualiza dicha definición. Esta medida es la culminación de una directiva aprobada por la Comisión Europea a finales de 2023, que ordenaba a los Estados miembros ajustar los criterios de tamaño empresarial para reflejar la realidad económica actual: la inflación.

La aprobación de este cambio legislativo, que actualiza la definición de pyme, tiene además una característica importante y es su efecto retroactivo. Es decir, aunque la luz verde del Gobierno se ha producido hace unos días, la norma está diseñada para aplicarse a los ejercicios sociales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2024. Esto significa que las cuentas anuales que muchas empresas están cerrando o revisando en estos momentos ya pueden beneficiarse de los nuevos umbrales.

La rápida evolución de la tecnología provoca que muchos avances parezcan inaccesibles para las empresas. Entre estas tecnologías se encuentra el Machine Learning que se ha colado en el vocabulario cotidiano de las empresas, independientemente de su tamaño.

Se trata de una tecnología que, de forma habitual, se asocia con sistemas complejos, inaccesibles y con un coste inasumible para muchas empresas. Sin embargo, es una herramienta accesible y esencial para cualquier tipo de compañía, incluidas las más pequeñas.

A diferencia de la inteligencia artificial generativa, que crea contenido, el Machine Learning se centra en analizar datos para detectar patrones y ayudar a tomar mejores decisiones empresariales.