Saltar al contenido principal

19 de noviembre de 2026 - Tiempo de lectura 9 min

Interconexión de sedes públicas: requisitos de ancho de banda para el expediente electrónico

España destaca como uno de los países líderes en digitalización y administración pública electrónica, y según el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI de la ONU) ocupa el puesto número 17 a nivel global (de 193 países analizados), situándose dentro del grupo de muy alto desarrollo. Este avance ha sido posible, entre otros factores, gracias a la madurez de sus infraestructuras de telecomunicaciones y al despliegue de redes de fibra óptica y 5G. Sin embargo, mantener este nivel de digitalización exige garantizar que la conectividad de las Administraciones Públicas evolucione al mismo ritmo que sus servicios digitales.

La transformación digital de las Administraciones Públicas no termina con la implantación de una plataforma de gestión documental o de firma electrónica. Para que funcione, todos los servicios deben estar conectados de forma segura, estable y continua, desde cualquier dependencia administrativa, incluidas las oficinas remotas y los puestos de trabajo en movilidad. Y esto exige una infraestructura de telecomunicaciones capaz de soportar el creciente volumen de información que circula entre sedes, sin comprometer el rendimiento de las aplicaciones ni la continuidad de los servicios públicos.

Esta transformación responde, además, a un marco normativo concreto. Las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establecieron las bases para avanzar hacia una Administración electrónica y reducir la dependencia del papel. Pero digitalizar los procedimientos también multiplica las comunicaciones entre edificios, organismos, aplicaciones y centros de datos. Y una conectividad insuficiente puede convertir el expediente electrónico en un nuevo cuello de botella administrativo.
Interconexión de sedes públicas para la gestión del expediente electrónico

El impacto del expediente electrónico en la infraestructura de red de las AAPP

La implantación del expediente electrónico supone un cambio profundo en la arquitectura tecnológica de las Administraciones derivado de una transformación igualmente importante en su operativa diaria y en la documentación con la que trabajan. Además de lo apuntado anteriormente sobre la transición hacia formatos digitales de la documentación, también la forma en la que se procesa y comparte la información es diferente. Sustituir documentos físicos por archivos PDF es solo una parte, la verdadera transformación está en la manera de producir, compartir, consultar, almacenar y conservar la información, incorporando también nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Esta nueva forma de manejar la información pública requiere adaptar las infraestructuras tecnológicas, los procedimientos y los protocolos de seguridad.

El artículo 70 de la Ley 39/2015 establece que los expedientes tendrán formato electrónico y estarán integrados por documentos, pruebas, informes, dictámenes y demás actuaciones del procedimiento. Su artículo 17 contempla, además, la obligación de mantener un archivo electrónico único de los documentos correspondientes a procedimientos finalizados.

Este marco normativo tiene consecuencias directas sobre las redes corporativas, que deben permitir tanto el almacenamiento seguro como el acceso y el intercambio de información entre las distintas dependencias administrativas. Un expediente electrónico puede incorporar documentos escaneados, planos de obras públicas, imágenes de inspecciones, grabaciones audiovisuales, pruebas multimedia, documentación sanitaria y otros archivos de gran tamaño. A las exigencias derivadas del volumen de estos archivos se suma el acceso simultáneo de empleados públicos a bases de datos y aplicaciones centralizadas, muchas de ellas alojadas en centros de datos externos o plataformas cloud.

Los distintos organismos ya están adaptándose a esa nueva realidad y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, integrado en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contemplaba la transformación digital transversal de la Administración y la modernización de ámbitos como la sanidad, la justicia y el empleo, así como el apoyo a las administraciones territoriales.

Una cuestión importante a tener en cuenta es la propia naturaleza de las AAPP en nuestro país, con su descentralización y delegación de competencias entre la AGE, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras agencias o instituciones, que añaden complejidad a la interconexión entre ellas. El problema aparece cuando las distintas sedes no disponen de capacidad suficiente para intercambiar esta información. Una conexión saturada puede provocar esperas al consultar expedientes, dificultades para cargar documentación, interrupciones en videoconferencias y problemas de sincronización. El riesgo aumenta cuando varias dependencias comparten una salida a Internet o una conexión centralizada que no ha sido diseñada para adaptarse al crecimiento del tráfico.

Si la digitalización persigue agilizar los trámites administrativos, una infraestructura de comunicaciones insuficiente puede producir el efecto contrario. En servicios esenciales, las consecuencias van más allá de la pérdida de productividad y una interrupción puede afectar a la atención sanitaria, los servicios sociales o la gestión de emergencias.

Requisitos técnicos innegociables para una interconexión de sedes eficiente

Partiendo de la base de la trascendencia de su uso, diseñar una red para una Administración Pública exige una visión global que evalúe conjuntamente capacidad, latencia, disponibilidad y seguridad. Son parámetros que deben incorporarse a los proyectos de modernización tecnológica y a los pliegos de contratación pública, a partir de estos criterios:

  1. Ancho de banda simétrico y escalable: la simetría entre las velocidades de subida y bajada es fundamental, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada sede. Las oficinas no solo descargan información sino que también envían documentos pesados a servidores centrales y plataformas cloud. Hay que tener en cuenta que existen diferentes casos de uso y una oficina técnica que remite planos, proyectos de obra o licitaciones puede consumir buena parte de la capacidad de subida disponible y perjudicar al resto de aplicaciones. Por ello se debe considerar el número de usuarios concurrentes, el tamaño de los archivos, los horarios de mayor actividad y las previsiones de crecimiento. No existe una cifra universal de Mbps válida para todas las sedes y la infraestructura debe permitir ampliar la capacidad sin tener que rediseñar toda la arquitectura.
  2. Baja latencia: la velocidad de conexión ya no es el único indicador de rendimiento de una red tan exigente. La latencia, es decir, el tiempo que tarda la información en viajar entre dos puntos, resulta crítica para determinados usos cada vez más habituales, como la atención ciudadana por videollamada y otras comunicaciones en tiempo real. También afecta a los escritorios virtuales (VDI), las aplicaciones alojadas en centros de datos remotos y las bases de datos centralizadas. La variación de la latencia (jitter) y la pérdida de paquetes son otros factores que deben controlarse.
  3. Alta disponibilidad y redundancia: el servicio público no puede depender de una única conexión cuya interrupción paralice la actividad de una sede. A la hora de contratar una red, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) deben concretar los compromisos de disponibilidad, los tiempos de respuesta y resolución de incidencias y las condiciones de mantenimiento. También hay que comprobar que las conexiones de respaldo no compartan los mismos puntos de fallo que la principal. Una arquitectura resiliente puede combinar un enlace principal de fibra óptica con una alternativa independiente, por ejemplo, mediante red móvil 4G o 5G. La conmutación automática permite desviar el tráfico cuando falla la conexión principal. No obstante, disponer de una segunda conexión no garantiza por sí solo la continuidad del servicio: es necesario comprobar periódicamente su funcionamiento.
  4. Seguridad y cumplimiento del ENS: las redes que conectan las dependencias administrativas transportan información personal, económica, sanitaria y otros datos que requieren medidas de protección específicas. El Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establece los requisitos para proteger los sistemas de información del sector público, incluyendo medidas de protección de las comunicaciones, control de accesos y segregación de los flujos de información. Según la categoría del sistema y el análisis de riesgos, la arquitectura puede incorporar redes privadas virtuales (VPN), MPLS, segmentación mediante VLAN, túneles cifrados y autenticación reforzada. Una red privada de transporte no garantiza por sí sola el cifrado de extremo a extremo: deben aplicarse las medidas de protección y ciberseguridad correspondientes.

El reto de la dispersión geográfica: de las grandes diputaciones a las oficinas remotas

Hoy la Administración está descentralizada tanto desde el punto de vista organizativo y competencial como geográfico. Ya no trabaja desde un único edificio y su red debe conectar sedes centrales, delegaciones territoriales, oficinas de atención ciudadana, centros de servicios sociales, instalaciones deportivas y dependencias de policía local, incluso en pequeños municipios rurales. A esta realidad multisede hay que añadir los servicios que utilizan conectividad móvil. No todas estas ubicaciones disponen de las mismas posibilidades de acceso a fibra óptica ni tienen idénticas necesidades. Una sede principal puede concentrar cientos de usuarios, mientras que una oficina periférica, aunque cuente con pocos empleados, necesita acceder a las mismas aplicaciones corporativas.

Las redes fragmentadas, con conexiones y configuraciones independientes, complican la gestión, dificultan la aplicación de políticas de seguridad y reducen la visibilidad sobre el tráfico. El reto consiste en ofrecer una experiencia homogénea sin multiplicar los costes de infraestructura y mantenimiento. Tecnologías como SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) permiten gestionar estos entornos de forma centralizada. Esta arquitectura facilita combinar diferentes tipos de conexión, establecer políticas de tráfico y seleccionar las rutas más adecuadas según las necesidades de cada aplicación. Así, es posible priorizar el acceso a las aplicaciones de gestión del expediente electrónico, la gestión tributaria o las aplicaciones de emergencias frente a servicios menos sensibles al tiempo de respuesta. También se evita que una transferencia masiva de archivos perjudique a las aplicaciones administrativas esenciales.

Infraestructura crítica y segura para el sector público

Muchas son las exigencias para las sedes públicas, pero también lo son las soluciones tecnológicas actuales. La Administración de hoy no es la que era, pero las telecomunicaciones tampoco, y la combinación de redes fijas de alta capacidad y conectividad móvil permite construir arquitecturas híbridas adaptadas tanto a las grandes sedes como a las oficinas periféricas.

En este ámbito, la propuesta de Red Fija y Móvil de Vodafone Empresas combina fibra óptica y redes móviles 4G y 5G. La fibra simétrica proporciona capacidad y estabilidad para las sedes con numerosos usuarios y grandes transferencias documentales, mientras que la conectividad móvil permite conectar oficinas temporales o remotas y actuar como respaldo ante incidencias en el enlace fijo. Esta combinación, junto con mecanismos de conmutación automática, contribuye a mejorar la continuidad operativa, siempre en función de la cobertura y las condiciones del servicio contratado.

Además, la evolución hacia 5G Standalone (5G SA) incorpora capacidades como una menor latencia y la posibilidad de segmentar virtualmente recursos de red mediante Network Slicing, en función de la disponibilidad y las características del servicio contratado.

En cualquier caso, la robustez y resiliencia del servicio son factores críticos a la hora de elegir un proveedor. Es imprescindible evaluar las garantías de disponibilidad, la arquitectura de seguridad y la adecuación al ENS. La experiencia de Vodafone en el despliegue y gestión de redes para entornos complejos permite abordar estas necesidades con una visión integral de la conectividad, la seguridad y la continuidad del servicio.

La modernización empieza por la conectividad

La transformación digital de las Administraciones públicas no puede medirse únicamente por el número de procedimientos electrónicos o las aplicaciones implantadas, sino también por la capacidad de utilizarlos desde cualquier dependencia, sin interrupciones y con garantías de seguridad. Realidades como el expediente electrónico necesitan una infraestructura de comunicaciones a la altura de sus exigencias. La dispersión territorial, el crecimiento del volumen de datos, los servicios cloud y la continuidad operativa obligan a revisar los modelos tradicionales de conectividad.

Una Administración sin papel necesita auténticas autopistas de la información, capaces de absorber grandes volúmenes de tráfico en ambas direcciones. Sin conectividad de nueva generación, el expediente electrónico puede convertirse en una forma de burocracia ya conocida, digital en su formato, pero lenta e ineficiente en su funcionamiento.

Etiquetas relacionadas:

Compartir artículo:

Descargar artículo en PDF

Últimos artículos y novedades

Ver todos los artículos

Contacta con nosotros: Nuestra Visión