Guerra híbrida y ciberseguridad: por qué tu empresa también forma parte de la defensa de las infraestructuras críticas

La gran pregunta que surge cuando una empresa plantea invertir en un proyecto de Inteligencia Artificial es si, más allá de las tendencias tecnológicas, será rentable. La respuesta dependerá de si ese proyecto responde a una necesidad real de la organización y de su capacidad para generar valor y contribuir a los objetivos estratégicos del negocio. La IA se está convirtiendo en un factor de competitividad, pero antes de incorporarla a las prioridades de inversión es necesario determinar qué problemas debe resolver y qué resultados se esperan obtener.

Automatizar procesos, mejorar la productividad, anticipar incidencias, optimizar inventarios o acelerar las decisiones comerciales son algunas de las oportunidades que ofrece esta tecnología. Todas ellas pueden repercutir en la cuenta de resultados, pero identificar una oportunidad tecnológica no equivale a demostrar su rentabilidad.

Los departamentos financieros desempeñan un doble papel: exigir que los responsables de tecnología y transformación digital justifiquen sus inversiones e identificar cómo la propia IA puede contribuir a mejorar la gestión financiera. Lejos de ser un freno a la innovación, los CFO pueden convertirse en aliados estratégicos para impulsar proyectos que aporten valor medible a la organización. Para aprobar estas inversiones, sin embargo, necesitan algo más que una prueba de concepto (PoC) convincente: un modelo económico que permita anticipar costes, estimar beneficios y establecer indicadores objetivos de retorno.

Calcular el ROI de la IA antes de iniciar un proyecto permite responder a preguntas fundamentales: cuánto costará realmente, qué valor económico puede generar y en qué plazo se recuperará la inversión. Sin este análisis, las empresas corren el riesgo de acumular experimentos tecnológicos que no llegan a integrarse en sus operaciones ni producen ventajas competitivas medibles.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad y la economía actual es la gestión eficiente del recurso más esencial de todos: el agua. Más allá de los efectos del cambio climático, con sequías prolongadas y episodios de inundaciones cada vez más extremos, la demanda de agua continúa planteando importantes desafíos para los sectores urbanos e industriales. Según datos del INE (2024), el volumen de agua distribuida a los hogares aumentó un 3,3%, mientras que en los sectores económicos creció un 12,9%.

La gestión eficiente del agua se ha convertido en una prioridad estratégica para la industria y los servicios públicos. Directores de operaciones industriales, gestores municipales del ciclo integral del agua y responsables de medioambiente se enfrentan al doble desafío de reducir las pérdidas de agua y demostrar ante la Administración que sus captaciones y vertidos cumplen las condiciones establecidas.

El impacto es económico y regulatorio, pues mientras las fugas representan un gasto invisible en agua, energía y mantenimiento, los incumplimientos en el control de vertidos al Dominio Público Hidráulico (DPH) pueden acarrear sanciones administrativas y consecuencias sobre las autorizaciones correspondientes. A ello se suma la responsabilidad ambiental y reputacional de garantizar una gestión sostenible de un recurso esencial.

En 2026 confluyen, además, dos factores que aceleran una transformación del sector que ya estaba en marcha. Por un lado, las mayores exigencias de control y trazabilidad de los vertidos y, por otro, el horizonte de ejecución y justificación de los proyectos financiados con fondos europeos. En ambos casos, la telemetría, los sensores conectados y las plataformas de gestión de datos se convierten en herramientas clave para mejorar la eficiencia operativa y facilitar el cumplimiento normativo. Veamos un poco más en detalle en qué consisten estas dos exigencias.

Para muchas pequeñas empresas y autónomos, facturar ha sido una tarea necesaria pero esencialmente administrativa: emitir una factura, enviarla al cliente, registrarla y continuar con el negocio.

Ese escenario está cambiando. Los nuevos requisitos para los sistemas de facturación están impulsando una revisión de cómo las empresas generan y conservan sus registros. Para muchas pymes, los próximos dos años serán decisivos en ese proceso, aunque el calendario acaba de moverse de nuevo: Hacienda ha anunciado que aplazará VeriFactu, previsto para 2027, hasta octubre de 2028, para que coincida con la factura electrónica obligatoria entre empresas. Es un cambio anunciado que aún debe formalizarse en el BOE.

Los cambios introducen exigencias de integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Pero su impacto puede ir más allá del cumplimiento normativo: también invitan a las empresas a revisar tareas que se apoyan en hojas de cálculo, documentos en distintos formatos o comprobaciones manuales.

En TeamSystem acompañamos cada día a pequeñas empresas, autónomos y despachos, y lo que observo es que el principal reto no es tecnológico, sino de enfoque: es comprensible que muchas pymes perciban estos cambios como una obligación más, pero también pueden ser una buena ocasión para replantear cómo trabajan.

Uno de los peores escenarios a los que puede enfrentarse una pyme es ver paralizados procesos esenciales como la facturación, la contabilidad, los presupuestos o la atención al cliente. Y todo ello es lo que puede ocurrir si un empleado, al encender su ordenador, se encuentra con una petición de rescate en la pantalla o descubre que el disco duro no responde.

Tanto si se trata de una avería del hardware como de un ataque de ransomware, la actividad de la empresa puede quedar paralizada si no se dispone de un protocolo de respuesta rápida. Por este motivo, es importante contar con un servicio de soporte informático especializado que ayude a resolver la incidencia y recuperar la actividad cuanto antes.

Cuando se habla de infraestructuras críticas, pensamos en aquellas instalaciones, redes y sistemas esenciales para el funcionamiento de un país y que, habitualmente, asociamos a los servicios públicos que dependen del Estado. Hospitales, centrales energéticas, industrias clave, redes de transporte o medios de comunicación que, si fueran atacados, paralizarían ese país. Con la llegada de la digitalización, todas esas infraestructuras críticas dependen cada vez más de las redes de telecomunicaciones y, como tales, están contempladas en los planes de contingencia de las autoridades y sujetas a una normativa de protección, mantenimiento y resiliencia muy estricta. Es fácil comprender la importancia vital de estas medidas, solo con echar la vista atrás y recordar episodios catastróficos y emergencias recientes, donde todas esas infraestructuras se pusieron a prueba de la noche a la mañana.

Lo que está cambiando es nuestra percepción de esos riesgos y del papel que juega tu empresa en esa cadena de suministro, sea del tamaño que sea y sin importar si el sector es considerado esencial o no.

El calendario de VeriFactu vuelve a cambiar. El Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes de adaptación de los Sistemas Informáticos de Facturación, que hasta ahora estaban previstas para enero y julio de 2027.

El objetivo es alinear su implantación con la factura electrónica obligatoria y facilitar que pymes, autónomos y empresas puedan afrontar ambos cambios de forma coordinada. Aunque la modificación todavía debe concretarse normativamente, el nuevo escenario amplía de forma significativa el margen para revisar el software y preparar los procesos de facturación.