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Aunque muchas empresas ya habían empezado a implantar algún tipo de políticas para favorecer el teletrabajo, no fue hasta la irrupción de la pandemia de Covid-19 y los consiguientes confinamientos cuando esta modalidad se impuso de forma masiva. El trabajo a distancia permitió que buena parte de las empresas pudieran seguir operando con normalidad en un entorno hostil. Esta adopción masiva de modelos de trabajo no presencial generó la necesidad de regular estas actividades.

Es en este contexto en el que nace la conocida como Ley de Teletrabajo, formalmente denominada Ley 10/2021 de 9 de Julio, y con la que se establecían las condiciones en las que debía realizarse el teletrabajo, así como los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores. A grandes rasgos, esta normativa ofrece las pautas que deben seguir ambas partes para que la actividad pueda seguir desarrollándose. 

Entre los puntos destacables, la Ley de Teletrabajo señala que sólo se considerará como tal cuando el trabajo a distancia de un empleado suponga como mínimo el 30% de su jornada laboral en un periodo de tres meses. Además, se señala que el horario deberá ser pactado entre empresa y trabajador, existiendo la posibilidad de tener un horario flexible que deberá ser registrado y que será la empresa la que corra con los gastos en los que incurra el empleado (conectividad, consumos energéticos, equipamiento, etc.) para realizar su labor.

Otros apartados importantes son los que obligan a la empresa a respetar las horas de descanso de los trabajadores y a los trabajadores a permitir que la organización controle su actividad a través de aplicaciones de gestión, sistemas de control horario o programas de evaluación.

La Ley de Teletrabajo pretende beneficiar tanto a empresas como a trabajadores. La clave de la normativa se encuentra en que se especifica que no puede haber ninguna diferencia entre el trabajo a distancia o el presencial lo que elimina las posibles ventajas o desventajas de optar por una opción u otra.

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