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Las administraciones públicas son uno de los objetivos prioritarios de los ciberdelincuentes. Tienen que hacer frente no sólo a un aumento de las amenazas, sino también a una mayor sofisticación de los ciberataques. Un ejemplo de ello lo constituyen las entidades públicas catalanas donde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya gestionó en 2025 un total de 6.544 ciberincidentes dentro del sector público de la región. Este dato representa un repunte del 94% en comparación con el informe del año anterior, lo que consolida una tendencia de crecimiento en el volumen de ciberamenazas. En paralelo, las infraestructuras de monitorización de la Agència detectaron más de 9.100 millones de intentos de ataque, un 32% más que en 2024.
